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El Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo sienta jurisprudencia y condena a BBVA por conducta culposa en la venta de preferentes de la entidad Lehman Brothers a un matrimonio en el marco de una gestión asesorada de cartera de inversión

 
 
 
 
 
 
 

Una información "completa", "clara" y "precisa", además de un "plus de buena fe y diligencia a observar" son  los requisitos que según el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, debe cumplir cualquier entidad que emita preferentes para no tener que responder en el futuro por pérdidas eventuales respecto a su valor nominal. Así lo expone en una sentencia conocida este viernes, donde condena al BBVA a indemnizar con 291.000 euros, más intereses, a un matrimonio de Valencia que contrató con el banco participaciones de la firma de inversión Lehman Brothers.

Los magistrados advierten de que cualquier sociedad que venda preferentes, en la medida que son productos "complejos y de alto riesgo", debe explicar "activamente" a los posibles compradores si realmente resultan coherentes con su perfil, con arreglo a su experiencia inversora, objetivos de inversión, capacidad financiera y preferencias. Su información habrá de ser "transparente y de fácil comprensión, haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva" y, de manera "muy especial", cuando se trate de activos expuestos a tantas eventualidades e incluso pérdidas como las referidas preferentes.

El objetivo final, afirman los miembros de la Sala de lo Civil, ha de ser que el cliente conozca "con precisión" los efectos de la operación que suscribe, para lo cual tanto la entidad en general como sus profesionales en particular deben "asegurarse" de que los posibles riesgos de la misma. Explicita que dichos términos  "han sido entendidos", sin que quepan "vaguedades" ni "fórmulas predispuestas" en la información que se le facilite, ni tampoco una "mera disponibilidad" de responder a las preguntas que aquel pueda hacer. Su "obligación" en este caso ha de ser "activa", destacan en su fallo, teniendo que "observar criterios de conducta basados en la imparcialidad, la buena fe, la diligencia, el orden, la prudencia y, en definitiva, cuidar de los intereses de los clientes como si fuesen propios".

 

Sigue diciendo que no basta con algún conocimiento del producto. En el caso concreto que han analizado, los magistrados sostienen que no basta con que la entidad remitiera varios correos electrónicos a los demandantes antes de suscribir el contrato ni tampoco con el hecho de que uno de ellos sea un empresario, o incluso que fueran asesorados por un experto en contabilidad y cuestiones laborales, pues nada de todo ello "presupone conocimientos avanzados sobre los riesgos específicos de productos financieros y valores negociables complejos".

 

Por otra parte, la progresión en la protección del inversor que supone la Directiva 2004/39/CE, de 21 de abril, MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), ha de ser tomada también en consideración en la interpretación de las obligaciones de la empresa que prestaba los servicios de inversión aunque cuando las partes concertaron el contrato no hubiera transcurrido el plazo de transposición pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha afirmado expresamente que la obligación de interpretación del Derecho interno a la luz de la letra y la finalidad de la Directiva vincula a los jueces con independencia de que haya transcurrido o no el plazo para la transposición (Sentencia de 8 de octubre de 1987, caso “Kolpinghuis Nijmegen”, asunto 80/86).”

Siendo el resultado, en el presente caso, del incumplimiento de los deberes exigibles al profesional que opera en el mercado de valores, la responsabilidad por los daños sufridos por sus Clientes, que no era otra que la pérdida en el valor de las participaciones preferentes contratadas.